lunes, 4 de marzo de 2019

Costa Rica

Conducta de los oligarcas a merced de Azufrelandia



COSTA RICA.

 Luis Guillermo Solís Rivera.
Fecha Nacimiento: 25 de abril de 1958, San José, Costa Rica.
Período Presidencial Constitucional: 8 de mayo de 2014 hasta el 8 de mayo de 2018.
Formación Académica: Cursó su educación primaria en la Escuela Nueva Laboratorio y la secundaria en el Colegio Metodista.
En la Universidad de Costa Rica estudió Historia y posteriormente recibió una beca para realizar un posgrado en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, en donde obtuvo una maestría en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Historia y Ciencias Políticas.
Religión: Católico.
Profesión: Politólogo, historiador y académico.

Trayectoria Política:


Fue Jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en el período 1986-1990 y luego embajador para asuntos centroamericanos y posteriormente director general de política exterior, de 1994 a 1998. Gerente técnico del programa de cooperación transfronteriza, ambiente y seguridad en Centroamérica que ejecuta la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), bajo los auspicios de la fundaciones Ford y McArthur. Fue Director General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica de 1996 a 1998.
Polémicas Políticas:
Uno de sus cargos más polémicos fue el de Secretario General del Partido Liberación Nacional,  cargo que ejerció por poco más de un año de mayo de 2002 a julio de 2003. Solís fue electo como secretario poco después de la hasta entonces peor derrota electoral del PLN; la de las elecciones de 2002 con Rolando Araya como candidato. Una serie de reformas se plantearon para renovar y salvar al partido, entre ellas un código de ética más riguroso, acercamiento a la sociedad civil y reformas en las elecciones internas. No obstante con la resolución de la Sala IV que rehabilita la reelección presidencial y la precandidatura de Óscar Arias quien gozaba de amplios márgenes de respaldo electoral, dichas reformas no se concretaron. Solís renuncia a su cargo como secretario general junto a otras figuras de peso como Mariano Figueres (hijo del caudillo José Figueres) denunciando, entre otras cosas, irregularidades en los procesos de elección internas.​ Solís seria opositor al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y América Central y uno de los voceros del "No" en el referéndum respectivo, participando en debates televisivos. Se uniría al Partido Acción Ciudadana en 2008.

Trayectoria Profesional:


Fue miembro del consejo editorial de las revistas Foreign Affairs en español, Global Governance, y Espacios. Trabajó para el Proyecto de Cooperación Transfronteriza en Centroamérica, Centro para la Cumbre de las Américas, coordinador de Investigación y Gerente de Proyectos, Centro para la Administración de Justicia y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Trabajó también en la Universidad Nacional, donde fue docente, director de extensión y posteriormente director académico de la Facultad de Ciencias Sociales.
Fue Profesor Fulbright en la Universidad de Michigan y en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) en Miami. En esta última, es investigador asociado del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe (LACC).
Entre el 2004 y el 2008 trabajó como coordinador de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en su Secretaría General, la Secretaría Iberoamericana y la Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Democracia, fundada por Rodrigo Madrigal Nieto.

Controversias como presidente del país:

Durante su gobierno se suscitaron tres escándalos que llevaron a la renuncia de tres de sus ministros. La ministra de Ciencia y Tecnología Gisella Kooper Arguedas por haber promovido sin consultar al Ejecutivo una nueva Ley de Radio y Televisión que fue criticada por restrictiva.
El ministro de la Presidencia Melvin Jiménez Marín y su viceministro Daniel Soley Gutiérrez acusados por la Procuradora General de la República de ofrecerle una embajada a cambio de renunciar a su puesto, cargo que Jiménez negó pero llevó a la renuncia de Soley.
 Meses después el ex ministro de Ciencia y Tecnología Allan Ruiz Madrigal elevó la misma acusación hacia Jiménez así que éste renunció el 16 de abril de 2015 siendo sustituido por el ex diputado y ex presidente del Instituto Nacional de Seguros Sergio Alfaro Salas, quien fue mejor recibido por la oposición.
A finales de su gobierno sucedió el escándalo político apodado como «Cementazo», consistente en aparentes préstamos irregulares otorgados por el Banco de Costa Rica a un empresario cementero que tenía vínculos con figuras políticas de los principales partidos.​ Aunque el escándalo no lo involucró a él directamente, sí estuvieron involucrados un diputado oficialista y la junta directiva de la institución nombrada durante su gobierno. Solís solicitó la renuncia de la Junta en pleno pero esta se negó, por lo que se inició el proceso de despido. El 29 de mayo de 2018 la Procuraduría de la Ética de Costa Rica desestimó la denuncia contra Solís por su participación en el escándalo.
Una comisión de la Asamblea Legislativa que investigó el caso Cementazo y que rindió su informe esta semana en coincidencia con el avance de la campaña para febrero del 2018— le atribuye al mandatario una supuesta “falta al deber de probidad”.
Solís, que ha gobernado con altibajos tras llegar al poder en 2014 con altísimas expectativas populares, influyó en favor del negocio del importador de cemento Juan Carlos Bolaños (preso desde noviembre mientras se le investiga), concluyó un informe unánime y no vinculante de la comisión integrada por diputados de oposición y oficialistas que por cinco meses investigaron el caso. Por ello el mandatario, continúa el texto, debe ser procesado en la Procuraduría de la Ética. La investigación ha desvelado como nunca antes un tráfico de influencias que implica a funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo y de la Corte Suprema de Justicia, además del estatal Banco de Costa Rica (BCR), que prestó a Bolaños más de 40 millones de dólares en condiciones cuestionables. Se trata de una red de influencias políticas alrededor de un aparente negocio de importación de cemento que pretendía romper el control de la transnacional suiza Holcim y la mexicana Cemex, con el apoyo del Gobierno de Solís y de congresistas de distintos partidos.
Los diputados achacan al presidente haber favorecido al importador del cemento chino mediante la imposición en 2014 del nombramiento del gerente del BCR Mario Barrenechea, quien ahora también está en la cárcel como medida cautelar. Además, le atribuyen haber presionado a la autoridad de Aduanas para agilizar el desembarque de un cargamento de cemento, haberle abierto las puertas de la presidencia a Bolaños en siete ocasiones y haber presionado para reformar un reglamento técnico de importación del material. También lo responsabilizan por otorgar poder a hombres de su confianza que, según concluyen los diputados, ayudaron al negocio de Bolaños, como el diputado Víctor Morales Zapata y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres, íntimo de Solís.
Con urgencias fiscales, trabas por el sistema político y un incremento de la violencia que no acaba de reconocerse, el gobierno de Luis Guillermo Solís cumple este año 2016 la mitad de su mandato al frente de Costa Rica, el estable país centroamericano que en 2014 rompió el añejo bipartidismo del siglo XX al elegir a este profesor universitario en medio de una burbuja de expectativas que ha ido cediendo el paso al escepticismo.
El problema que más ha repuntado en las preocupaciones ciudadanas, sin embargo, es la inseguridad, jalonada por la lucha entre grupos de narcotraficantes en los centros urbanos. La tasa de homicidios volvió a superar los 11 por cada 100.000 habitantes en el cierre de 2015 y una parte de la población lo achaca a la interrupción de políticas eficaces del gobierno de Laura Chinchilla.

Otro indicador adverso es el de pobreza, que sigue estancada en un 21% de la población, ligada en buena medida a las dificultades para incorporar a la fuerza laboral al 10% de la población que busca empleo y no consigue. La pobreza extrema, cuya eliminación fue una promesa de campaña de Solís, más bien ha aumentado y ahora alcanza al 7% de la población.

“No sabemos bien si la gente escogió a este gobierno para que redujera la pobreza o el desempleo. No sabemos si ese era el cambio o si el cambo era solo sacar al PLN, como podría ser. Como sea, creo que ahora hay una experiencia de dos años y puede ser provechosa”, opina Iván Barrantes, el estratega de imagen a quien se atribuye buena parte del éxito. Lo acusaron de querer vender la imagen del entonces candidato como si fuera una soda y de trivializar la propuesta política.

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